El 12 de junio de 2002 entró en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental. Uno de los propósitos principales de dicho ordenamiento, reglamentario del artículo 6 de la Constitución, fue establecer un principio rector que obligó a los órganos del Estado para poner a disposición de la ciudadanía la información concerniente a las funciones, acciones, resultados, estructura y recursos presupuestales del orden público, asignados a las instituciones gubernamentales o del Estado.
La entrada en vigor de esta ley contribuyó con el fortalecimiento del sistema democrático de nuestro país.
El establecimiento de mecanismos institucionales para la rendición de cuentas por parte instituciones públicas y de funcionarios, así como la abolición del secreto administrativo que durante mucho tiempo orientó el manejo discrecional de la información, se estableció en el artículo 1 de dicho ordenamiento: “La presente Ley es de orden público.
Tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal”.
Dicho ordenamiento, quedó abrogado el 9 de mayo de 2016.