El Gobierno de México anunció un incremento de 35% en los aranceles a las importaciones de mercancías confeccionadas, con el objetivo de proteger la industria textil mexicana. Esta medida, que también incluye un aumento del 15% para ciertos productos textiles, ha generado inquietud entre los consumidores habituales de plataformas chinas como Shein, AliExpress y Temu.
Durante la conferencia mañanera de ayer 19 de diciembre, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que esta medida busca evitar el abuso de disposiciones que afectan a la industria nacional. Se amplió la lista de fracciones arancelarias sujetas al 35%, alcanzando un total de 138, además de 17 fracciones adicionales con un arancel del 15%.
Sin embargo, Ebrard aclaró que estas plataformas no se verán afectadas de manera inmediata. Las empresas como Shein y Temu operan enviando directamente los productos al consumidor final, lo que las excluye, por ahora, del impacto directo de los nuevos aranceles. A pesar de ello, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que se está revisando el esquema de operación de estas plataformas, ya que anteriormente no pagaban contribuciones significativas por sus ventas electrónicas.
Por el momento, las compras en estas plataformas no reflejarán un aumento en los precios, aunque las autoridades continúan evaluando posibles ajustes en su regulación. Esta decisión representa un esfuerzo por equilibrar la competencia entre la industria local y las grandes plataformas internacionales.
“No es mensaje a China”
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la imposición de un arancel del 15% a textiles y del 35% a productos confeccionados no tiene como objetivo enviar un mensaje a China ni a Donald Trump, sino proteger la industria textil nacional.
En su conferencia de hoy 20 de diciembre, destacó que esta medida forma parte del “Plan México”, que será presentado a principios de enero. Marcelo Ebrard, Secretario de Economía, añadió que también se ampliará la lista de productos que no se pueden importar bajo el Programa IMMEX.
El decreto busca proteger la industria y los 400,000 empleos del sector, especialmente contra productos con precios extremadamente bajos, provenientes de países sin tratados de libre comercio. Además, se actualizaron 138 fracciones arancelarias para evitar prácticas desleales en el sector textil.