Los presidentes municipales de San Martín Texmelucan, Atlixco, Amozoc, San Andrés Cholula, Huauchinango, Teziutlán y Cuautlancingo no han cumplido con esta obligación.
En campaña prometieron buenos gobiernos, pero ya en el poder, la mayoría de los alcaldes de municipios más poblados de Puebla llegan a sus primeros días del cargo sin ni siquiera transparentar su patrimonio.
Así se pudo constatar durante una revisión realizada a los espacios considerados para ese fin en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
En la consulta se identificó que antes de terminar el 2021 sólo Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal, de Puebla y Pedro Tepole Hernández, de Tehuacán, difundieron una versión pública de su patrimonio.
unto con ellos, también cumplieron con esta obligación de ley otros altos funcionarios de su administración como secretarios y directores de área.
En contraste, los municipios de San Martín Texmelucan, gobernado por Norma Layón (Morena); Atlixco, por Ariadna Ayala (Morena); Amozoc, por Mario de la Rosa (Morena); San Andrés Cholula, por Edmundo Tlatehui (PAN); Cuautlancingo, por
Filomeno Sarmiento Torres (PAN); Huauchinango, por Rogelio López Angulo (Partido Nueva Alianza) y Teziutlán, por Carlos Enrique Peredo Grau (Compromiso por Puebla), no han transparentado las declaraciones de sus funcionarios.
De estos municipios que se caracterizan por ser los más poblados, destacan en especial los casos de San Martín Texmelucan y Amozoc en los que se concretó la reelección.
Así, se puede observar que aunque Norma Layón Aarún y Mario de la Rosa Romero repiten en las alcaldías de los respectivos municipios, ni siquiera se consideró actualizar alguna versión pasada del documento.
Por lo menos en las dos últimas elecciones, organizaciones no gubernamentales y cámaras empresariales han promovido que la declaración de bienes se transparente, incluso desde que los candidatos aspiran al cargo.
Esto, al menos en plataformas de participación voluntaria pues, a diferencia de otros estados, en Puebla no hay una obligatoriedad de ley durante el proceso electoral.