En la pasada legislatura se presentaron 22 acciones de inconstitucionalidad y aún hay pendientes que se heredaron a los actuales diputados
La LX Legislatura colocó al Congreso de Puebla como uno de los Poderes Legislativos con mayores correcciones a sus leyes y reformas aprobadas en los últimos años y dejó un legado negativo a los recién llegados diputados locales.
En los tres años de ejercicio de la pasada legislatura sumó 22 acciones de inconstitucionalidad, en comparación con las 13 controversias promovidas en contra de LIX Legislatura de Puebla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Hasta el momento el Poder Legislativo de Puebla ha recibido 13 reveses del máximo tribunal del país que le corrigió la plana a los diputados locales y sólo en cinco casos ha fallado a su favor.
Las acciones de inconstitucionalidad en las que han salido bien librados los legisladores locales fueron en tres recursos promovidos por Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido del Trabajo (PT) en contra de la reforma electoral de 2020.
Mientras que en dos se salvaron de ser exhibidos por la SCJN luego que realizaron las modificaciones necesarias al Código Civil de Puebla para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Nueva legislatura hereda acciones de inconstitucionalidad
Los nuevos diputados en el Congreso recibieron como herencia cuatro acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de diversos ordenamientos aprobados en la LX Legislatura de Puebla.
Una de estas controversias constitucionales que está en proceso de resolución es a la Ley del Notariado debido que en su articulado se establece que un aspirante a una patente debe ser nacido en Puebla lo que es considerado por la CNDH un acto de discriminación.
Reveses de SCJN al Congreso
Una de las primeras correcciones que hizo la SCJN a la LX Legislatura fue por “cobros injustificados y/o excesivos por el acceso a la información” que se establecieron en 109 Leyes de Ingresos de Municipios para el ejercicio fiscal 2019.
“Se declara la invalidez de los artículos 23, fracción III, de las Leyes de Ingresos de los Municipios de Acajete, Acateno, Atlequizayan, Atzala, Atzitzihuacan, Atzitzintla, Camocuautla, Cohetzala, Cohuecan, Coxcatlán, Coyomeapan, Cuetzalan del Progreso, Chiconcuautla y Chigmecatitlán, 20, fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Amozoc y 22, fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuautinchán, todas del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2019, publicadas en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, en términos del apartado IV de esta decisión”.
Un año después la SCJN echó abajo el Derecho de Alumbrado Público que realizarían 60 municipios por considerar que va en contra del derecho de un ciudadano a la seguridad jurídica, así como a los principios de legalidad.
Aunque previamente la SCJN había invalidado el mismo cobro en 15 municipios de Puebla con lo que en total sumaron una corrección en las Leyes de Ingresos de 75 Ayuntamientos.
Una corrección más fue a la Ley de Desaparición Forzada por considerar que los diputados locales se excedieron en sus facultades y legislaron fuera de su competencia en un asunto que es de carácter federal estableciendo penas de cárcel.
La aprobación de la Ley de Educación fue otro de los motivos para que la CNDH promoviera una acción de inconstitucionalidad para que la SCJN invalidara nueve artículos por considerar que en esta armonización no se consideró la opinión de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como personas discapacitadas.
También la llamada “Ley Agnes” fue controvertida por considerar violatorio de los derechos humanos tener que esperar hasta cumplir los 18 años de edad para poder solicitar un acta de nacimiento con el nuevo género autopercibido.
Otra más fue reforma controvertida en la SCJN fue a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, en materia de “testigos sociales” en la aprobación de licitaciones públicas.
El motivo de la queja fue que establecer como requisito no haber sido sentenciado con una pena corporal o como servidor público debido a que es un acto de discriminación excluir de este proceso a una persona que ya cumplió con su castigo.
La CNDH también presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del Código Civil de Puebla por no reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo a pesar que a nivel federal existía un ordenamiento que validaba esta unión.
Aunque los diputados avalaron los cambios correspondientes al artículo 294 del Código Civil de Puebla antes de que la SCJN resolviera la controversia constitucional con lo que quedó sin materia y fue sobreseído el caso.
Una acción de inconstitucionalidad más fue en contra de la reforma a la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Puebla debido que en el proceso de aprobación no fueron consultados los directamente involucrados.
Regresa “Cheché” a la Secretaría General del Congreso
En esta nueva legislatura, los diputados locales determinaron relevar a María del Rosario Evangelista Rosas de la secretaría general del Poder Legislativo y regresar a este puesto a José Norberto Rodríguez Medina luego que hace dos años fue destituido del cargo.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sergio Céspedes Peregrina, afirmó que el objetivo es evitar que en esta legislatura las reformas a las leyes, así como las nuevas sean controvertidas por algún aspecto de inconstitucionalidad.
Aseveró que la experiencia adquirida en años de trabajo en el Congreso brinda la certeza que las normativas que sean aprobadas en el Poder Legislativo estarán apegadas a los lineamientos nacionales y ninguna rebasa los ordenamientos federales.
“Hoy necesitamos reforzar mucho en lo técnico, necesitamos perfiles muy técnicos que nos permitan analizar muy de fondo y precisamente en esas áreas de oportunidad poder reforzar para no tener ningún tipo de inconstitucionalidad”.
Céspedes Peregrina aseguró que en caso que las acciones de inconstitucionalidad que están en proceso de resolución determinan que se hagan algunos ajustes a las leyes aprobadas en la pasada legislatura acatarán los ordenamientos con estricto apego a la legalidad.