A partir de junio de 2026, las 142.3 millones de líneas móviles activas en México deberán estar vinculadas a un usuario con identidad verificada, de acuerdo con el nuevo marco legal de telecomunicaciones promulgado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR), que entró en vigor este 17 de julio, establece que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) será la autoridad responsable de emitir los lineamientos del registro, los cuales deberán publicarse a más tardar en diciembre de 2025. Posteriormente, las empresas telefónicas —como Telcel, AT&T, Telefónica y Operadores Móviles Virtuales (OMV)— tendrán 120 días hábiles para comenzar y alimentar el registro con los datos de sus usuarios.
Cada línea deberá estar asociada a una CURP digital con datos biométricos, incluyendo huellas dactilares. Aquellas que no cumplan con este requisito serán suspendidas, y sólo podrán realizar llamadas a números de emergencia y servicios de atención ciudadana, según establece el artículo transitorio Trigésimo de la nueva Ley.
Obstáculos en el camino
Aunque los plazos están claros en papel, la realidad institucional podría complicarlos. Aún no se han designado los cinco comisionados que integrarán el Pleno de la CRT, por lo que persisten dudas sobre si el Ejecutivo y el Senado podrán completar este proceso en los 120 días hábiles que marca la Ley.
Además, operadores móviles virtuales han advertido que no cuentan con la infraestructura ni los recursos necesarios para implementar este registro, lo que podría traducirse en dificultades logísticas y presión financiera, especialmente para los actores más pequeños del mercado.
¿Una historia que se repite?
El nuevo padrón recuerda al fallido Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), implementado en 2008 con la intención de combatir delitos como la extorsión y el secuestro. En ese entonces, no solo no se redujo el crimen, sino que aumentó en un 40%, según datos de organizaciones civiles como R3D. Además, la base de datos fue vulnerada y vendida en el mercado negro.
Posteriormente, el gobierno de López Obrador intentó revivir la idea con el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), pero fue declarado inconstitucional en 2022 por la Suprema Corte, al considerar que atentaba contra el derecho a la privacidad sin demostrar eficacia para reducir el crimen.
Ahora, bajo una nueva administración, el padrón regresa con otra cara, pero con dudas similares: ¿realmente servirá para frenar las extorsiones? ¿o solo expondrá nuevamente los datos personales de millones de mexicanos sin ofrecer garantías legales suficientes?