Ciudad de México.– En una decisión histórica para el sector telecomunicaciones, el Senado de la República aprobó recientemente una nueva versión de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR), la cual establece que todas las compañías telefónicas deberán entregar equipos desbloqueados, permitiendo así que los usuarios puedan cambiar de operador sin restricciones, incluso si adquirieron su dispositivo bajo contrato o financiamiento.
La propuesta original, aunque buscaba otorgar mayor libertad a los consumidores, generó controversia entre las operadoras móviles (como Telcel, AT&T y Movistar), al no contemplar mecanismos de protección para evitar el impago de equipos financiados. De haberse aprobado sin cambios, esto hubiera desincentivado los esquemas de crédito, beneficiando desproporcionadamente a cadenas minoristas como Elektra, Coppel o Sears, cuyo modelo se basa exclusivamente en la venta de equipos, no en servicios.
Para evitar ese escenario, el senador morenista Ricardo Sheffield Padilla, ex titular de la Profeco, presentó una reserva clave a los artículos 185 y 273 de la ley, que fue una de las pocas modificaciones aceptadas antes de su aprobación. Esta actualización asigna a la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —órgano desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital— la responsabilidad de emitir lineamientos claros sobre cómo deberá aplicarse el desbloqueo de equipos, incluyendo medidas para proteger a las operadoras ante fraudes o abandonos de pagos.
“Nos íbamos a quedar sin una opción natural para renovar nuestro equipo”, explicó Sheffield. “Y los únicos que iban a ganar eran las tiendas que venden celulares con intereses más altos y sin ofrecer servicios móviles.”
Cada año, en México se venden alrededor de 30 millones de celulares, lo que convierte al país en el tercer mercado más grande del continente americano, solo detrás de Estados Unidos y Brasil. El valor de este sector se estima en 6,500 millones de dólares anuales.
El senador Javier Corral también presentó una reserva que fue incluida en la ley. Esta establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) contará con recursos para garantizar el cumplimiento de indemnizaciones en casos de suspensión de transmisiones previstas en la legislación.
Además, la nueva normativa vincula la activación de líneas móviles a la presentación de la CURP del usuario final, con el fin de aumentar la seguridad y trazabilidad en el uso de servicios móviles.
Con estas reformas, el Congreso busca alcanzar un equilibrio entre la libertad del consumidor, la viabilidad comercial de las operadoras, y una mayor competencia en el mercado, sin distorsionar el ecosistema actual en favor de un solo tipo de actor económico.