PUEBLA, Pue. – La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso del Estado de Puebla legislar “a la brevedad y de manera prioritaria” sobre la figura de revocación de mandato del gobernador, tras confirmar que el Poder Legislativo local ha incumplido durante cuatro años su obligación constitucional de armonizar la legislación estatal con la federal.
La Segunda Sala de la SCJN concedió el amparo en revisión 752/2024 a un grupo de ciudadanos encabezado por Elizabeth Camargo Cervantes, Jorge Alejandro Torres Jaramillo y Melitón Pedro Vargas, quienes señalaron la omisión legislativa del Congreso poblano pese al mandato constitucional establecido desde diciembre de 2019.
El artículo sexto transitorio de la reforma federal publicada el 20 de diciembre de ese año en el Diario Oficial de la Federación establecía un plazo de 18 meses para que los congresos locales adecuaran sus constituciones y leyes secundarias, plazo que se venció en junio de 2021.
Respuesta institucional tardía
Frente a la resolución del máximo tribunal del país, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Laura Artemisa García Chávez, aseguró que se acatará el mandato de la SCJN, aunque aclaró que será necesario convocar a un periodo extraordinario para discutir la iniciativa correspondiente, dado que el actual periodo ordinario concluye el próximo 15 de julio.
Armenta enviará iniciativa desde el Ejecutivo
En respuesta a este contexto, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, anunció que enviará al Congreso local la iniciativa de revocación de mandato que presentó previamente cuando era senador. Durante un evento en la inspectoría Guadalupe Hidalgo, Armenta recordó que su propuesta contemplaba aplicar este mecanismo no solo a gobernadores, sino también a legisladores federales y senadores.
“Yo no tengo problema en someterme a la revocación de mandato si así lo marca la ley. Incluso si fuera posible, propondría que esta evaluación se hiciera cada año. No le temo al escrutinio público”, afirmó el mandatario estatal, al tiempo que instruyó al secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, para que recupere y remita dicha iniciativa a la presidenta del Congreso local.
¿Cuándo aplicaría la revocación para Armenta?
De acuerdo con la ley federal, la consulta de revocación de mandato debe realizarse tres meses después de que se cumpla el tercer año de gobierno. En el caso del gobernador Armenta, quien asumió el cargo el 14 de diciembre de 2023, dicho proceso podría realizarse en marzo de 2028, siempre y cuando se legisle antes y se establezca el marco normativo correspondiente.
Balance entre voluntad política y presión ciudadana
Aunque el Congreso poblano muestra disposición de acatar la resolución judicial, las organizaciones ciudadanas que promovieron el amparo han evidenciado la omisión legislativa mantenida durante más de cuatro años. La SCJN ha dejado en claro que esta falta no puede mantenerse, y ahora el Congreso y el Ejecutivo están bajo presión para cumplir con una reforma constitucional que garantice el derecho ciudadano a evaluar y remover, mediante consulta, a sus gobernantes.