Aunque la reforma constitucional que permitiría la revocación de mandato en Puebla aún no ha sido votada en el Congreso del Estado, el Instituto Electoral del Estado (IEE) ya comenzó a prepararse para su eventual puesta en marcha.
Así lo confirmó Blanca Yassahara Cruz García, consejera presidenta del organismo, quien explicó que el IEE está diseñando posibles escenarios técnicos y operativos para organizar una consulta ciudadana que permita a la población decidir si el titular del Ejecutivo estatal debe continuar en el cargo.
“Estamos atentos a la reforma y preparando escenarios. Aunque aún no conocemos los detalles específicos, sabemos que el Instituto será el encargado de coadyuvar en el proceso, por lo que ya iniciamos el análisis técnico y operativo”, declaró Cruz García en entrevista con medios.
La consejera detalló que una vez que se definan las características precisas de la reforma, el IEE podrá establecer con mayor claridad los procedimientos y términos bajo los cuales operaría la consulta. No obstante, advirtió que al tratarse de un mecanismo inédito en Puebla, el reto será significativo, sobre todo en aspectos logísticos y de cobertura territorial.
De aprobarse en los términos actuales, la eventual consulta de revocación abarcaría los 217 municipios del estado, con una complejidad organizativa comparable a la de una elección ordinaria, como la prevista para 2027.
Además, Cruz García señaló que si bien la propuesta inicial está enfocada en la figura del gobernador, el modelo podría extenderse en el futuro a otros cargos de elección popular como diputaciones locales y presidencias municipales, dependiendo del consenso político en el Congreso.
La propuesta de reforma fue presentada el pasado 25 de julio por el diputado de Morena, Julio Huerta Gómez, y fue turnada a la Comisión de Gobernación para su análisis. En ella se contempla que el proceso de revocación pueda ser solicitado por al menos el 10 por ciento de la lista nominal de electores, y que el IEE sea la autoridad responsable de convocar, organizar y supervisar la consulta.
El Congreso del Estado también tendrá que definir las leyes secundarias para el proceso, las cuales deberán estar listas antes de que inicie formalmente el próximo proceso electoral, en noviembre de 2026.