Los estados de México se apresuraron a rehacer todo el sistema judicial del país el jueves, aprobando una enmienda a la Constitución que sería la reestructuración judicial de mayor alcance jamás intentada por una gran democracia.
La medida, que reemplazaría el actual sistema basado en nombramientos por uno en el que los votantes eligen a los jueces, pondría a México en un rumbo inédito cuyas consecuencias para los tribunales y el país son casi imposibles de predecir.
Los defensores del plan argumentan que busca reducir la corrupción y les otorgaría a los votantes un papel más importante en un sistema de justicia que es ampliamente criticado. Los críticos de la medida acusan al gobierno mexicano, que propuso e impulsó los cambios, de poner en peligro el Estado de derecho al politizar los tribunales, darle al partido gobernante de México un mayor control sobre los jueces y erosionar los controles y equilibrios del país.
Los cambios podrían implicar la destitución de miles de jueces, desde los de los juzgados locales hasta el presidente de la Suprema Corte. Y restructuraría de manera drástica un importante poder del Estado que se encarga de impartir justicia en el tercer país más poblado de América.
Sin embargo, la logística es desalentadora: el país tendría que organizar nuevas elecciones para miles de jueces a partir del año que viene.
El jueves por la mañana, la mayoría de las legislaturas estatales habían aprobado la medida, lo que garantizaba que llegaría a la mesa del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador.
Desde hace tiempo, López Obrador ha defendido la medida, que durante semanas ha generado manifestaciones con miles de personas en las calles, tanto en oposición como en apoyo, y ha suscitado advertencias de los embajadores de Estados Unidos y Canadá y de expertos jurídicos.
El Senado de México aprobó la enmienda el miércoles, y una vez aprobada por la mayoría de las 32 legislaturas estatales el jueves (20 la han aprobado hasta ahora), López Obrador dijo que la publicaría el domingo, víspera del Día de la Independencia de México. Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el presidente convierte la medida en ley.
Durante su conferencia, López Obrador dijo que por eso le tiene confianza al país y sigue llegando la inversión y vamos a terminar es muy probable que terminemos el sexenio sin devaluación, como ocurría antes. Mencionó las administraciones de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari donde el peso registró grandes devaluaciones que hasta le tuvieron que quitarle 3 ceros al peso.
“Es una reforma importantísima”, dijo López Obrador en su rueda de prensa matutina el jueves. “Es reafirmar que en México hay una auténtica democracia, que el pueblo elige a sus representantes, que el pueblo elige a los servidores públicos de los tres poderes; que esa es la democracia, no las élites, no la llamada clase política, no la oligarquía. Todos, cada ciudadano”.
Tras aprobación de reforma judicial “vamos hacia la nueva realidad, que viva México”: AMLO
La reestructuración, que no entraría en vigor inmediatamente, reorganizará los tribunales a todos los niveles.
En junio de 2025, los votantes elegirían a todos los miembros de la Suprema Corte, a los miembros de un tribunal de control y a aproximadamente la mitad del total de 7000 jueces de México. El resto se elegiría en los comicios de 2027.
Durante semanas, diversos grupos, entre ellos más de 50.000 jueces y trabajadores de los tribunales, han organizado protestas y huelgas en oposición al plan.
La medida fue aprobada con facilidad por la Cámara de Diputados del Congreso, en la que el partido del presidente, Morena, tiene una supermayoría.
En los próximos meses, después de que López Obrador convierta la medida en ley, el Senado emitirá una convocatoria de candidatos y el organismo electoral de México empezará a organizar las elecciones judiciales.
Fuentes:
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