
Puebla, Pue. — A partir del 14 de junio, entró en vigor en el estado de Puebla la reforma al Código Penal que tipifica y sanciona el delito de ciberasedio, así como otras prácticas delictivas relacionadas con el mal uso de tecnologías de la información. Esta modificación legal fue publicada en el Periódico Oficial del Estado (POE) el día 13 de junio.
La iniciativa fue promovida por José Luis García Parra, coordinador de gabinete del gobierno estatal, y aprobada por la LXII Legislatura del Congreso local durante una sesión pública ordinaria. El decreto fue firmado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, junto con otros integrantes del Poder Ejecutivo.
La reforma incorpora el artículo 480, en el que se define el ciberasedio como el acto de insultar, ofender, agraviar o vejar a otra persona mediante medios digitales, con suficiente insistencia como para afectar su integridad física o emocional. Esta conducta ahora será castigada con penas que van de 11 meses a 3 años de prisión, y multas de 50 a 300 días de la UMA, lo que representa aproximadamente hasta 30 mil pesos.
En los casos en que la víctima sea menor de edad, la ley presume un “daño a la dignidad”, y contempla agravantes que pueden aumentar las penas hasta en dos terceras partes.
Además del ciberasedio, la reforma también tipifica delitos como la usurpación de identidad, el espionaje digital y el contacto con menores con fines de manipulación o chantaje sexual, todos mediante el uso de tecnologías digitales.
Según el documento oficial, estas modificaciones responden al creciente número de delitos cometidos en redes sociales, plataformas digitales, correos electrónicos y otros entornos virtuales, donde se han detectado fraudes, suplantación de identidad y accesos no autorizados a datos personales.
Desde el Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta, se hizo un llamado al Congreso del Estado y a organizaciones de derechos humanos a mantener un diálogo abierto y responsable sobre la Ley de Ciberseguridad, priorizando la protección ciudadana sin reprimir libertades, bajo un enfoque de respeto a los derechos humanos.
