Jueces federales en el estado de Puebla admitieron a trámite dos amparos promovidos por la regidora de San Andrés Cholula, Beatriz Pérez Fragozo, en contra de la reforma al Código Penal del estado conocida popularmente como la “Ley Censura”.
Las demandas fueron aceptadas por el juez Quinto de Distrito en materia penal, Cuauhtémoc Escobar González, bajo el expediente 640/2025, y por la secretaria en funciones de juez Segundo de Distrito, Nahieli Avendaño Palacios, con el expediente 666/2025.
La regidora solicitó una suspensión provisional para evitar que la reforma entre en vigor, ya que establece sanciones penales para delitos como ciberasedio, usurpación de identidad y espionaje digital, lo que —según activistas y especialistas— podría limitar de forma indebida el derecho a la libre expresión.
Sin embargo, el Juzgado Segundo de Distrito rechazó conceder dicha suspensión de manera inmediata, y programó para el próximo 4 de julio la audiencia incidental en la que decidirá si otorga la medida de forma definitiva. Por su parte, el juez Escobar programó la audiencia constitucional para el 22 de julio, y la jueza Avendaño para el 14 de agosto.
La reforma, aprobada el pasado 11 de junio, ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones nacionales e internacionales, que la consideran un intento de revivir los delitos contra el honor, eliminados del marco legal poblano desde 2011. La preocupación se intensificó tras la persecución en redes sociales a la cuenta anónima La Aldea Poblana, crítica del actual gobernador Alejandro Armenta.
La iniciativa original fue presentada en noviembre de 2024 por el entonces diputado con licencia y actual coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra. Entre otros puntos, la reforma impone penas de hasta tres años de cárcel para quienes, a través de medios digitales, “insulten, injurien, agravien o vejen” de manera insistente a otra persona.
Distintos sectores sociales y políticos temen que esta normativa se convierta en una herramienta para criminalizar la crítica pública, especialmente en redes sociales, y han advertido que vulnera principios constitucionales relacionados con la libertad de expresión y el derecho a la información.