La bancada de Morena en la Cámara de Diputados se encuentra ultimando detalles para aprobar una controvertida reforma a la Ley del Seguro Social, con la que pretende regular los retiros parciales por desempleo de las Afores y cerrar el paso a fraudes cometidos por supuestos gestores.
El dictamen, que ya fue aprobado en comisiones, fue integrado de último momento a la agenda del periodo extraordinario que inicia este lunes en San Lázaro.
La iniciativa, impulsada por el diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, propone modificar el artículo 191 de la Ley del Seguro Social para establecer nuevos controles y restricciones a los retiros por desempleo de la subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (RCV).
Según el legislador, la medida busca “prevenir y erradicar” fraudes realizados por despachos y gestores que se aprovechan de vacíos legales para inflar salarios artificialmente. Estos promotores registran a trabajadores en empresas fachada, con sueldos altos y cotización mínima ante el IMSS, con el fin de que puedan retirar montos superiores a los 28 mil pesos. A cambio, les cobran comisiones abusivas que pueden alcanzar hasta el 50% del monto retirado.
“El trámite para retiro por desempleo es gratuito, y sin embargo hay personas que están lucrando con la necesidad de los trabajadores”, denunció Carvajal.
Datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) revelan que tan solo en mayo de 2025 se retiraron más de 3 mil 178 millones de pesos por concepto de desempleo.
El problema no se limita a las pérdidas económicas inmediatas. La iniciativa señala que estos retiros fraudulentos afectan directamente el número de semanas cotizadas de los trabajadores, reduciendo su ahorro y poniendo en riesgo su futura pensión.
Por ello, la reforma plantea que, en caso de desempleo, los trabajadores solo podrán retirar el monto que resulte menor entre:
- 30 días del promedio del salario base de cotización de las últimas 150 semanas, o las que tuviera el trabajador, o
- el 11.5% del saldo de la subcuenta RCV.
De aprobarse, esta medida limitaría las operaciones irregulares y protegería el fondo de retiro de los trabajadores ante prácticas fraudulentas, según los promotores de la reforma.