Tras más de diez horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó una controvertida reforma que permitirá al gobierno federal acceder a información personal sin necesidad de una orden judicial, generando preocupación entre diversos sectores políticos y sociales.
CIUDAD DE MÉXICO. — En la tercera sesión del periodo extraordinario, la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, iniciativa impulsada por el bloque oficialista (Morena, PT y PVEM), con 368 votos a favor y 102 en contra.
La ley faculta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para acceder a más de veinte bases de datos, tanto públicas como privadas, incluyendo información biométrica, geolocalización, datos financieros, registros fiscales, comerciales, telefónicos, de salud y telecomunicaciones, entre otros.
La reforma también contempla que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) quede formalmente adscrito a la SSPC, con capacidad de acceder directamente a los datos procesados por la Plataforma Única de Identidad (PUI) de la Secretaría de Gobernación.
Preocupación por el derecho a la privacidad
La oposición —integrada por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— rechazó el dictamen, acusando que la legislación vulnera derechos constitucionales básicos. Durante el debate, presentaron mociones suspensivas que fueron desechadas en votación económica por la mayoría oficialista.
El diputado José Alfonso Rubalcaba (PAN) denunció que la ley representa “una amenaza directa al derecho a la privacidad” y que otorga al gobierno el poder de “espiar celulares, computadoras, fotos, videos, cuentas bancarias e incluso conversaciones telefónicas, sin ningún filtro judicial”.
Por su parte, el priista Emilio Lara sostuvo que con esta ley “se pierde el derecho a la privacidad sin que se garantice la seguridad. Es vigilancia masiva y una violación directa a los artículos 6 y 16 de la Constitución”.
Eliminan carácter civil de las instituciones de seguridad
Otra modificación polémica fue la eliminación del párrafo que definía el carácter civil de las instituciones de seguridad pública, lo que alimenta los temores sobre una creciente militarización de la seguridad en el país. La reforma reafirma a la Guardia Nacional, adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, como principal fuerza de seguridad federal.
Además, el Consejo Nacional de Seguridad Pública podrá suspender recursos federales a estados y municipios que no cumplan con los acuerdos de coordinación en materia de seguridad, concentrando aún más el poder en el gobierno federal.
Próximo paso: discusión en el Senado
Se espera que el Senado discuta la iniciativa el próximo lunes 30 de junio, antes de que concluya el periodo extraordinario. Mientras tanto, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han comenzado a pronunciarse en contra de la legislación, alertando sobre el riesgo de abuso de poder y espionaje institucionalizado.