El Senado de la República aprobó en lo general, con 77 votos a favor y 30 en contra, el dictamen de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, una legislación que ha generado intensos debates por el impacto que tendrá sobre el acceso a internet, la privacidad de los usuarios y la libertad de expresión.
Entre los cambios más relevantes, destaca que será obligatorio presentar la CURP (para personas físicas) o el RFC (para personas morales) para acceder al servicio de internet. Para usuarios extranjeros, se requerirá nombre, país de origen y número de pasaporte.
Además, la ley establece que las empresas de telecomunicaciones deberán conservar los datos de los usuarios por al menos dos años y entregarlos a las autoridades en un plazo máximo de 24 horas cuando se les solicite, sin que sea necesaria una orden judicial.
Localización en tiempo real sin orden judicial
Uno de los puntos más controvertidos es que los concesionarios estarán obligados a colaborar con las autoridades en la geolocalización en tiempo real de los equipos celulares, lo que ha sido duramente criticado por sectores de oposición, defensores de derechos digitales y especialistas en privacidad.
El senador Anaya, del PAN, calificó la ley como “una puerta abierta al espionaje” y advirtió que permite la vigilancia sin los debidos controles judiciales. “Esto convierte al Estado en un ente policial”, afirmó.
Libertad de expresión y propaganda extranjera
La ley también deja claro que la libertad de expresión y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas están garantizadas, siempre que no medie una orden judicial federal en casos específicos.
Otro aspecto relevante es que se prohíbe la transmisión de propaganda política o ideológica de gobiernos extranjeros, excepto aquella con fines turísticos, culturales o deportivos. Esta restricción aplica tanto a medios tradicionales como a plataformas digitales, y las empresas que la infrinjan podrían ser sancionadas con hasta el 5% de sus ingresos.
Nueva estructura regulatoria: desaparece el IFT
Con esta reforma, se confirma la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). En su lugar se crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, así como la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, esta última compuesta por cinco comisionados nombrados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado.
Opiniones encontradas
Mientras partidos afines al gobierno afirman que la nueva ley tiene un enfoque social que busca garantizar el acceso a internet en zonas marginadas, otros alertan sobre el riesgo de abuso en el uso de los datos personales y las herramientas de vigilancia.
La nueva Ley de Telecomunicaciones redefine la manera en que se accede, regula y supervisa el internet y los medios en México. Aunque garantiza ciertos derechos, también abre el debate sobre los límites entre seguridad, vigilancia y libertades fundamentales.