La polémica en torno a la recién aprobada Ley de Ciberasedio en Puebla ha escalado a nivel nacional tras la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que esta semana exhortó al gobierno estatal a revisar el artículo 480 del Código Penal, al advertir que su redacción podría vulnerar derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión.
Desde su publicación el pasado 13 de junio, la reforma impulsada por el Congreso local —con mayoría de Morena— ha generado un debate intenso. Aunque el gobernador Alejandro Armenta ha defendido la medida como un mecanismo para proteger a niñas, niños, adolescentes y mujeres del creciente número de ciberdelitos —que aumentaron en 88.7% en los últimos cuatro años en la entidad—, organizaciones civiles, periodistas y expertos advierten que la ambigüedad del artículo podría abrir la puerta a la censura indirecta.
En su pronunciamiento oficial DGDDH/006/2025, la CNDH expresó su “preocupación” por el alcance del nuevo delito de ciberasedio, el cual castiga a quien “utilice tecnologías para insultar, agraviar o vejar a otra persona” de forma insistente. Para la Comisión, esta redacción es demasiado vaga y podría inhibir opiniones, críticas o manifestaciones en contextos de interés público.
La CNDH anunció además que ya trabaja en una Acción de Inconstitucionalidad, que podría llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en defensa del derecho ciudadano a expresar ideas libremente por cualquier medio.
Por su parte, la diputada Laura Artemisa García Chávez, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Puebla, descartó por ahora derogar la reforma, aunque se mostró abierta a revisar algunos puntos.
Mientras tanto, organizaciones como Artículo 19, la Red Puebla de Periodistas y Coparmex han comenzado a organizar foros y emitir posicionamientos públicos contra la ley, a la que califican como una “ley mordaza”.
Puebla se mantiene como el quinto estado con más casos de ciberdelitos a nivel nacional, por lo que, si bien existe consenso en torno a la necesidad de legislar en materia digital, diversos sectores insisten en que esto no debe hacerse a costa de derechos fundamentales.
“La libertad de expresión no puede sacrificarse en nombre de la seguridad digital”, sostienen activistas y comunicadores que preparan una jornada de defensa legal y mediática contra el polémico artículo 480.